La crisis y los funcionarios (y viceversa)

Hoy es un día de esos que te lo dan hecho, y hay que aprovecharlo. Primero, porque solucionas el papelón. Segundo, porque ayudas a difundir algo que, de otra manera, puede que tarde tiempo en ver la luz. Y tercero, porque soy parte implicada en el asunto, y me corresponde, en mi ínfimo porcentaje de participación, contribuir a la causa.

La cosa es tan simple como que me han enviado un correo con un enlace, en el que se puede leer la respuesta de una organización de funcionarios a tanta maldad y mentira que se ha vertido en contra de ellos, de nosotros, de todos, Y así, aparte de haber difundido enlace y texto a mis contactos electrónicos, he pensado que también debía hacer lo propio con mis otros contactos, los más inmateriales. Porque se nos está machacando de mala manera (como si la crisis fuera culpa nuestra), y creo que ya está bien. Así que aquí va el texto. El "manifiesto" es un poco largo, pero creo que merece la pena dedicar unos minutillos a su lectura. Y si alguno de mis lectores tiene a bien difundirlo entre sus contactos, será de agradecer. ¡Va por ustedes!

El enlace es el siguiente: 

http://www.administradoresciviles.org/index.php/noticias/show/id/55/symfony/4gn4v201f8r6i3rae73943ncd5

Funcionarios y crisis

La crisis origina respuestas de todo tipo. Aquí tan sólo queríamos dar una réplica a quienes nos llaman privilegiados y abogan por la eliminación del carácter inamovible de nuestra condición funcionarial, en la esperanza de que aprendan algo y, en especial, que para opinar con rigor hay que saber un poco.

1) Frente a quienes hablan de privilegios de los funcionarios, posiblemente como justificación de la necesidad de aplicar el despido en la Función Pública, se ha de subrayar la importancia de asegurar la objetividad y la independencia de quienes han de tener a su cargo la gestión de los asuntos públicos. El sistema de acceso a través de la oposición es una pieza esencial a tal fin, pero ni mucho menos el único: el trabajo en la Administración lo hacemos los funcionarios, eso sí en un entorno que los políticos tratan de tomar como botín, en el que los funcionarios hacemos el trabajo y otros tantos miran.

La inamovilidad funcionarial es una garantía para el ciudadano. Si los funcionarios pudiéramos ser despedidos nadie se prepararía oposiciones tan fuertes como la de administradores civiles del Estado u otras de grupo A1 de la Administración, o las de jueces, o registradores ni notarios, entre otras. No hay sistema más liberal de elección, de libre concurrencia y de competencia que unas oposiciones.

En las oposiciones no sólo se demuestra lo que se sabe, y en competencia con otros que han estudiado tanto como tú. No se juzga al opositor sólo por sus conocimientos memorísticos, sino también por su temple, capacidad de esfuerzo y superación. No hay nada en el mundo de las empresas privadas que sea equiparable. Por eso muchos de estos profesionales son recibidos en la empresa privada en los mejores puestos, mucho mejor retribuidos que lo hace la Administración.

La inamovilidad supone independencia. Es esencial para mantener la objetividad transparencia y buena gestión de los fondos públicos. Para poder decir no a los políticos en su ingerencia política en la vida administrativa. ¿Se imagina lo que sería de la gestión de los créditos públicos si el Subdirector General de Gestión Financiera de un Ministerio fuera elegido por el partido de turno? ¿Se imaginan qué será la Administración si no hubiera un funcionario al frente de los departamentos de Recursos Humanos? ¿Se imaginan qué informes jurídicos o que informes de fiscalización de expedientes de contratación se harían si esos puestos los eligieran entre miembros del partido? Porque eso sería lo que ocurriría y no otra cosa.

La gestión de la Administración no es sólo de los cuerpos superiores o A1, sino también de los funcionarios de los cuerpos del grupo A2 –antiguo grupo B- y también de muchos administrativos. La inamovilidad en todos los niveles evita la politización y acabar con ella no conlleva ninguna ventaja para España. Ya se demostró en el siglo XIX con las cesantías. Ni los funcionarios tenemos que ser los paganos de esta crisis, ni con estas medidas la arreglarían. ¿Cómo se explica la bajada de nuestras retribuciones y que los gastos de personal no hayan disminuido?

2) La inmensa mayoría de los sistemas de función pública en el mundo no aplican sistemas de despido ordinario para sus funcionarios. Algunos como los sistemas anglosajones han moderado sus posiciones enormemente en este sentido. Realmente, todos los sistemas de Función Pública en el mundo se han ido mezclando y componiendo de manera que ya no existen sistemas puros. Así los americanos desde la Administración Carter establecieron dos grupos de funcionarios a los que se daba una especial protección, eso sin mencionar el carácter vitalicio de algunos de sus jueces. En el sistema británico, al margen ahora de las diferencias jurídicas entre el sistema español y el inglés de Función Pública, dentro de los funcionarios británicos –que tienen fama de ser los más estables de Europa- se diferencian en su estabilidad si son funcionarios del Estado, funcionarios locales o ejercen sus tareas en las empresas públicas. La función pública estatal depende de la oficina del Primer Ministro para garantizar su independencia. Los empleados públicos británicos que pueden ser despedidos en los próximos 4 años ocupan en su mayoría puestos de asesores, puestos en las empresas públicas y en los municipios.

3) España en la ley de medidas urgentes para la reforma de la función pública de 1984 copió parte del sistema británico. Así, la administración española divide sus puestos entre los que se destinan a asesores que se cubren rara vez por funcionarios y casi siempre por miembros de los partidos políticos; puestos cubiertos por personal laboral, contratado, en principio, bajo el régimen laboral común a todos trabajadores españoles; y puestos destinados a funcionarios. El número de funcionarios no llega al 50% de los empleados públicos españoles. Y eso sin contar aquellos que fueron contratados como interinos, normalmente gracias a poseer el carné del partido correspondientes, y luego por arte de magia se convierten en funcionarios (sin superar nuestras oposiciones, faltaba más). La situación actual en el ámbito de las Administraciones Públicas pone de relieve por sí sólo el incumplimiento de la Ley en el sistema de reclutamiento de los empleados públicos de la Administración, y la politización a la que están sometidas nuestras Administraciones.

4) El exceso del número de empleados públicos no es más que un síntoma de un mal mayor: la politización, la falta de sistemas de control de la actuación de nuestros políticos, la carencia de unas estructuras administrativas estables y de un sistema selectivo más rígido.

Precisamente la inclusión de sistemas semejantes al británico en la selección ha creado estos problemas. La mejor solución sería tener cuerpos de funcionarios con habilitación nacional que dieran cobertura a las tres administraciones. Que se ingresara por oposiciones difíciles, organizadas por la Administración General del Estado, acordes con las necesidades de la gestión administrativa.

Si nuestros políticos no pudieran nombrar a los amigos para que tengan un cargo de por vida, les seríamos aún más molestos, pero el funcionamiento de la Administración sería mejor y mucho más barato.

5) Estos privilegiados que somos los funcionarios, ya hemos recibido una bajada de sueldo considerable y a pesar de ello trabajamos exactamente igual que antes, por muy indignados que nos sintamos.

6) Nadie duda de que hay muchos problemas que resolver, que las cosas podrían hacerse mejor pero tal y como están las cosas en este momento en la Administración el hecho de que se siga gestionando con un mínimo de orden es una milagro que hacemos los funcionarios todos los días.

Sin Administración independiente no podría haber Estado, y sólo quedarían mafias. Y no puede haber Administración independiente sin funcionarios profesionales, inamovibles, bien formados y también bien pagados. Hoy que se discute lo que pueden gastar las Administraciones, es evidente que no pueden mantener su coste actual, y para ello es esencial la implantación de un modelo riguroso de función pública basado en la profesionalidad, el mérito y la capacidad, y no en ese botín en que se ha convertido la Administración, y no sólo ya para ocuparla sino para conseguir subvenciones y contratos de los cuales los ciudadanos sólo conocen un mínima parte, pero que carecen de toda lógica, sea económica o social.